Adolescencia en riesgo
Peligra un programa de acompañamiento a jóvenes vulnerables.
Trabajadores de organismos de infancia de todo el país y organizaciones sociales advirtieron este viernes que corre peligro el funcionamiento de un importante programa estatal que acompaña a adolescentes y jóvenes vulnerables, sin cuidados parentales, que sufrieron malos tratos y abusos en sus familias de origen.
Se trata del Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE), instituido por ley y que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Unos 300 equipos técnicos de organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias, y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que expresan la preocupante situación que atraviesan, ante la falta de respuesta del Gobierno nacional.
📣 El colectivo PAE se une para defender los derechos de jóvenes sin cuidados parentales. Exigimos respuesta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del @MindeCapitalH sobre el PAE. Para adherir al comunicado: https://t.co/isafdfIWGZ#DefendamosLaLeyDeEgreso pic.twitter.com/CRGDWTH2te— Colectivo Infancia (@colectinfancia) April 19, 2024
“Queremos manifestar la preocupación por la falta de información oficial por parte de las autoridades nacionales del Ministerio de Capital Humano, Secretaria de Niñez y Familia y Subsecretaría de Políticas Familiares sobre el desarrollo y continuidad del Programa de Acompañamiento al Egreso (P.A.E.) destinado a 3.500 adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales de Argentina, que estuvieron bajo protección del Estado por haber sufrido vulneraciones graves como malos tratos y abusos en sus familias de origen”, indicaron en el comunicado.
Los alcances del PAE
Según explicaron, el PAE es “una política pública creada por Ley N° 27.364, sancionada en 2017 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, que garantiza derechos desde el principio de igualdad y no discriminación: por un lado, el derecho a recibir un acompañamiento personal y afectivo para el desarrollo de su autonomía; y por otro, el derecho a una asignación económica equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que les permite pagar el alquiler de sus viviendas, cubrir su alimentación y sostener sus estudios”.
“Esta falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales impacta gravemente en las condiciones de vida de los jóvenes incluidos en el programa“.COMUNICADO DE ORGANISMOS DEL SECTOR:
Pero, según advirtieron los organismos, desde hace 3 meses, la transferencia de la asignación económica se demora cada vez más y el último pago -correspondiente al mes de febrero de 2024- no fue depositado y no hay información oficial sobre una fecha cierta de cobro.
“Esta falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales impacta gravemente en las condiciones de vida de los jóvenes incluidos en el programa ya que muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados, deben discontinuar sus estudios y se les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma”, alertaron en el comunicado conjunto.
Desde Doncel estuvimos presentes en la primera comisión de @DiputadosAR “Familias, niñez y juventudes” en donde pudimos acercar nuestra preocupación en torno a las demoras del pago del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE).#DefendamosLaLeyDeEgreso pic.twitter.com/t0K4hN2feV— Doncel (@DoncelONG) April 18, 2024
Las organizaciones técnicas indicaron que la gestión del programa cuenta con “información pública y transparente” y, desde hace 7 años, “se realizan monitoreos y evaluaciones por parte de diferentes organismos e instituciones”, como la Universidad Católica Argentina (UCA), que “dan cuenta de sus impactos positivos en una población que ha atravesado una historia de vulneraciones”.
A través de diferentes consultas participativas, los adolescentes y jóvenes expresan que el PAE “ha favorecido su desarrollo integral tanto en aspectos económicos, educativos como de salud, lo que permite equiparar su situación frente a otros adolescentes y jóvenes que viven y crecen con sus familias y tienen garantizada por ley la protección hasta los 21 años (o 25 años si estudian)”.
En el comunicado, los equipos técnicos y organizaciones solicitan que se brinde “información fehaciente a las áreas competentes de todas las jurisdicciones del país sobre la continuidad de esta política pública y sobre las autoridades a nivel nacional que lo tienen a su cargo”.
Asimismo, exigen que se ejecute “el pago de la asignación económica que se adeuda a los y las jóvenes incluidos en el Programa, se regularicen los pagos y activen mecanismos para que la transferencia económica pueda llegar sin demoras y en fecha cierta a los titulares, de modo que puedan trabajar en su organización financiera y proyectos de autonomía”.
Además, solicitan que se habiliten “canales de comunicación oficiales entre las jurisdicciones del país y las autoridades nacionales que tienen a su cargo la coordinación del Programa, donde se difunda información certera para los equipos de las provincias, adolescentes y jóvenes beneficiarios, con el fin de disminuir la incertidumbre y la circulación de información falsa”. Piden también “renovar los convenios de adhesión e implementación del Programa con los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias” así como la actualización de “la formación y registro de los adultos referentes del Programa y promover la realización de nuevas cohortes de capacitación y garantizar la inclusión de nuevos titulares”.
Las adhesiones
Adhieren al comunicado los coordinadores provinciales y municipales del PAE de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Salta, Corrientes, Tucumán, Chaco, Catamarca. Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja; y los equipos técnicos de Niñez y Juventud provinciales y municipales de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Provincia de Buenos Aires (Villa Gesell, Gral Rodriguez, Escobar, Moreno, Ezeiza, Lobería, La Plata, Almirante Brown), Tucumán y Santiago del Estero.
También se suman al reclamo referentes PAE de las provincias de, Neuquén, Misiones, Río Negro, Buenos Aires, Formosa, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes y Mendoza.
Adhieren al reclamo la Asociación Civil Doncel por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la Red por los derechos de las niñeces, adolescencias y juventudes de Corrientes (REDNAJ), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, la Red de organizaciones de niñez y adolescencias territoriales, la Asociación Civil Adopten Niñez Grandes, la Red Encuentro, la Organización Multipolar y Fundación SES, entre muchas otras.
Para sumar la adhesión al comunicado y defender los derechos de 3500 adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, se puede ingresar al formulario haciendo click aquí.
Fuente: somostelam.com.ar
