Una de cada tres protestas sociales fueron reprimidas en el primer año de Milei
En estos 12 meses, 1216 personas resultaron heridas, dos de ellas con pérdida parcial de la vista, y otras 98 sufrieron detenciones arbitrarias durante las movilizaciones populares. Así lo indica un informe. «En estas violencias anida el ‘huevo de la serpiente’ del autoritarismo que debilita a la democracia», advirtieron.
«La represión de la protesta en Argentina tiene rasgos de sistematicidad que incluso excedieron los fines de aplicación de la resolución 943/23 –más conocida como Protocolo Antipiquetes– y han derivado en graves violaciones a los derechos humanos». A esta conclusión llegó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo local de prevención de la tortura, en su informe sobre la represión estatal durante el primer año de gobierno de Javier Milei, al que accedió Página/12. Sus integrantes participaron en el monitoreo en la calle de todas las manifestaciones públicas de 2023 –en conjunto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de CABA–, y a partir de ese relevamiento in situ pueden dar cuenta de que en el 28 % de estas protestas hubo «un ejercicio desproporcionado del uso de la fuerza para la dispersión y represión». Es decir que una de tres protestas fue reprimida. En estos 12 meses 1216 personas fueron heridas, dos de ellas con pérdida parcial de la vista, y 98 sufrieron detenciones arbitrarias, y en algunos casos padecieron torturas. Además, la CPM verificó la realización de tareas de inteligencia ilegal sobre las organizaciones que protestan.
Uno de los hechos represivos de mayor escalada violenta ocurrió en la jornada del 11 de septiembre cuando, a partir del despliegue de las fuerzas, resultaron heridas alrededor de 50 personas, entre ellas una nena de 10 años a la que un agente de la Policía Federal Argentina roció con gas pimienta a quemarropa. Ante este hecho, las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad de la Nación realizaron acciones tendientes a encubrir a los agentes, acusando a personas de chaleco rojo (equipos de monitoreo de la CPM) o de anaranjado (socorristas de CEPA) de haber gaseado a la nena.
El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, expresó que «de manera novedosa en Argentina se implementó un plan sistemático muy violento, que las fuerzas federales y de CABA cumplieron al pie de la letra, militarizando el espacio público con violencia y con diferentes métodos muy elaborados y pensados para generar pánico en la población que reclamaba por la perdida de derechos». En su mirada, «querían disciplinar para que nadie mas reclame».
En ese sentido, consideró que «se cumplió la decisión del gobierno nacional de reprimir las manifestaciones, que anunciaba la aprobación del Protocolo Antipiquetes». El secretario y coordinador de la CPM –un organismo público autónomo y autárquico, creado en 1999 por la Cámara de Diputados bonaerense, que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos– describió que «fueron 60 manifestaciones monitoreadas, registrando, interviniendo y asistiendo a hechos ilegales que provocaron heridos y detenidos». En este contexto, «las fuerzas policiales actuaron con cobertura de los funcionarios políticos, que les garantizaron impunidad, y de la justicia que puso mucho énfasis en criminalizar a los que protestaban, pero hizo muy poco para investigar a los policías y funcionarios que cometieron delitos muy graves».
A partir del 10 de diciembre de 2023, con el cambio de gestión de gobierno nacional, fue concebida y planificada una política represiva y disuasiva del ejercicio del derecho a la protesta, que se refleja tanto en las definiciones de las autoridades ejecutivas, en particular del Ministerio de Seguridad, como en el dictado de marcos normativos contrarios a la Constitución y los tratados y las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la resolución 943/2023. Sgún la CPM, esto derivó en el ejercicio desproporcionado del uso de la fuerza para la dispersión y represión de las manifestaciones públicas, lo que fue relevado en 17 de las 60 monitoreadas (28,3 % del total). En este camino se ha optado por el uso regular, además de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires, de fuerzas intermedias de carácter militarizado mediante la saturación del espacio público en el que se desarrollan las manifestaciones.
En varias manifestaciones se relevó que son las propias fuerzas de seguridad las que interrumpen el tránsito a partir de cordones o vallas que incumplen de manera irrazonable con el “protocolo antipiquetes”, lo que se pudo observar en las movilizaciones de los días 2 y 9 de octubre y 2 de noviembre. Por otro lado se relevaron agresiones a manifestantes incluso cuando se desplazan o permanecen sobre las veredas, lugar que el mismo Protocolo habilita. En ocasiones, cuerpos de la Policía Motorizada, de Policía Federal, Policía de la Ciudad y Prefectura Naval se desplazaron por veredas o dentro de las plazas disparando a quemarropa contra los manifestantes.
Gases, balas y torturas
El análisis de la CPM arroja cifras perturbadoras:
− 1216 personas heridas, dos de ellas con pérdida parcial de la vista como le sucedió al abogado Matías Aufieri, niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle o transeúntes ajenos a las manifestaciones, legisladores nacionales, provinciales y referentes políticos. Estas personas padecieron afectaciones respiratorias, quemaduras de la piel, golpes y lesiones en algunos casos graves y heridas de armas con postas de goma disparadas a quemarropa sobre el rostro o torso superior incluso por la espalda, incumpliendo con sus protocolos de uso.
− Dentro de los heridos hubo 98 trabajadores de prensa, 24 integrantes de organismos de derechos humanos que monitoreaban las manifestaciones y al menos 10 integrantes del personal de salud o que cumplían tareas humanitarias de asistencia a los heridos.
− 93 personas sufrieron detenciones arbitrarias y en muchos casos denunciaron prácticas de torturas y malos tratos durante la aprehensión, en su traslado y posterior alojamiento en lugares de detención. En la movilización del 9 de octubre efectivos de Policía de la Ciudad detuvieron a un joven de 16 años, siendo liberado horas más tarde.
«La violencia desplegada de manera directa, con gases, balas de gomas, tonfas y agua tiene un impacto muy fuerte en las personas que estamos ahí, porque no responde a un uso racional de la fuerza frente a disturbios sino que tiene el objetivo de dañar, amedrentar y desalentar la manifestación. La violencia nos alcanzó al equipo de monitoreo de la CPM, que tiene identificación clara, y también a socorristas y prensa, lo que da cuenta que el objetivo es la represión generalizada y arbitraria», dijo a Página12 Sandra Raggio, directora general de la CPM. «La niña gaseada a quemarropa con gas pimienta, las lesiones en los ojos a manifestantes, la violencia contra jubilados da cuenta de eso, como también la provocación de corridas frente al avance de las formaciones policiales, la motorizada que irrumpe incluso en veredas sin ningún motivo es parte de la escena que generan ellos mismos, para legitimar la represión», agregó.
El Estado incumplió su deber de promover y garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse de manera pacífica. Lejos de esto fue el promotor de las situaciones de conflicto que derivaron en eventos represivos. Sin perjuicio de esto, para la CPM «es dable destacar que este temperamento se utilizó de manera selectiva, ya que también se registraron manifestaciones, muchas de ellas masivas, que no obstante haber limitado u obstruido las vías de comunicación no fueron reprimidas. Las manifestaciones organizadas por organizaciones sociales o piqueteras tuvieron un particular nivel de violencia, persecución y ensañamiento», consta en el informe.
Por otro lado se constataron graves violaciones a los estándares en materia de uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas tales como: presencia de armas letales, uso arbitrario y desproporcionado de armas menos letales, obturación y represión a la labor de trabajadores de prensa, integrantes de organismos de derechos humanos, personal de salud, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
Adriana Meyer – Página/12
